¿qué implica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?

Esta ley regula determinadas obligaciones de transparencia, no solo para las administraciones públicas, sino también para entidades privadas que perciban durante un año subvenciones o ayudas públicas por un importe superior a 100.000 euros, o cuando esas ayudas públicas representen más del 40% del total ingresos de esa entidad siempre y cuando alcancen como mínimo 5.000 euros.

En definitiva, establece obligaciones de transparencia no solo para la administración y para otras entidades del sector público, sino también para entidades privadas financiadas con fondos públicos.